En las oficinas del ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio ubicadas en la Torre Oeste de Parque Central, puede observarse un claro ejemplo de la mala utilización de los recursos del Estado para el funcionamiento de la administración pública.

Desde hace unos meses se implementó la acertada política dentro de las oficinas del ministerio en cuestión, de entregarles "pases" a los afortunados visitantes que acuden a tan acogedoras oficinas.

Lo curioso es que estos "pases" no son de los usuales, es decir, carnets de plástico que son entregados en la entrada, debiendo ser devueltos por el visitante a su salida, de modo que un próximo visitante los utilice. Resulta que dentro de la política de austeridad de este Gobierno se decidió que estos "pases" serían de material adhesivo y desechable, siendo conocido el alto costó de producción de material adhesivo y además su carácter desechable, lo que supone que por cada visitante que llega al Ministerio se estará utilizando una calcomanía.

Ahora bien, lo anterior no sólo constituye un ejemplo del falso mensaje de austeridad que últimamente ha venido pregonando el Presidente de la República, pues hasta en las cosas más simples se está malgastando el dinero de la nación; sino que también se está incurriendo en un violación a los principios para prevenir la corrupción y salvaguardar el patrimonio público, establecidos en la Ley Contra la Corrupción (LCC).

Al respecto, la Ley Contra la Corrupción establece que los funcionarios y empleados públicos deben administrar y custodiar el patrimonio público con decencia, decoro, probidad y honradez, de forma que la utilización de los bienes y el gasto de los recursos que lo integran, se haga de la manera prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, y se alcancen las finalidades establecidas en las mismas con la mayor economía, eficacia y eficiencia (artículo 7 LCC).

Conforme a la premisa anterior, el ministerio del Poder Popular para las Industrias Ligeras y Comercio, en la persona del funcionario que haya autorizado el gasto anteriormente descrito, estaría violentando lo dispuesto por el legislador en el artículo 7 de la Ley Contra la Corrupción, pues es deber de la administración pública garantizar que el gasto de los recursos públicos se alcancen con la mayor economía posible, es decir, procurando que se satisfaga la necesidad con el menor gasto posible, en pocas palabras optimizando los recursos.

Así las cosas, el Ministerio apegado a los principios de decencia, decoro, probidad y honradez, ha debido prever el menor gasto para el patrimonio público en la consecución del objetivo planteado, en éste caso, regular la entrada de los visitantes que acuden a las oficinas del mismo, el cuál es realizable con el sistema implementado en el resto de las oficinas de la administración pública, con un carnet retornable.

La patria es tantas cosas, y sólo nos ofrecen socialismo y muerte…

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